La movilización dejó 6 muertos, 331 heridos y 152 detenidos. El gobierno se compromete a atender demandas de los manifestantes en un plazo de 90 días. Ambas partes firman el Acta por la Paz

Redacción Crónica Norte
MONTREAL, 3 julio 2022.— Este jueves 30 de junio el movimiento indígena de Ecuador puso fin a un paro que dejó un saldo de 6 muertos, 331 heridos y 152 detenidos. Tras 18 días de protestas, el gobierno se comprometió a atender las demandas de los manifestantes en un plazo de 90 días. Los acuerdos quedaron plasmados en el Acta por la Paz, firmada por ambas partes.

El paro comenzó el 13 de junio tras un año de diálogo infructuoso entre el gobierno de Guillermo Lasso y los dirigentes campesinos, quienes exigen mejoras en los sectores campesino, minero y petrolero así como el control de precios de la gasolina y de los productos de primera necesidad.

Ese día, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones entregaron a la Presidencia un pliego petitorio con 10 demandas. En la última semana el gobierno dio respuesta a algunas peticiones y las otras quedaron pendientes para resolverse en los próximos 90 días, según se estableció en el Acta por la Paz.

Durante los 18 días de protestas se vieron escenas de barricadas, neumáticos en llamas, seguidas de enfrentamientos entre policías antimotines y manifestantes principalmente en Quito.

El presidente Lasso afirmó en todo momento que había una intentona de golpe de Estado tras los hechos de violencia e impuso un toque de queda en las provincias de Azuay, Sucumbíos y Orellana, orden que quedó anulada el jueves tras la firma del Acta por la Paz.

Por su parte la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció una fuerte represión de los agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes.

Otra organización, la Misión de Solidaridad Internacional emitió un informe preliminar, en el que concluye que el Estado ecuatoriano “cometió delitos de lesa humanidad”.

La Fiscalía General informó por su lado que había abierto “261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales” en el contexto de las manifestaciones.